Frente al ayuntamiento de Castro Urdiales en Cantabria se cita Jordi Évole con Fernando Urruticoechea, un interventor municipal. Lo que hace es controlar la legalidad de la gestión económica del ayuntamiento. No es un funcionario del ayuntamiento, sino del Estado aunque casi todo lo que le rodea depende del alcalde.

Cuando se encontraba una factura que no estaba bien y emitía un informe para que no se pagase lo que pasaba era que “no nos hacían ningún caso y se acaba pagando”. Y es que los interventores no tienen poder porque “carecemos de jerarquía”. “Delante de mí me han tirado informes de legalidad a la papelera”, confiesa.

"Los alcaldes nos llaman, no interventores, sino, interruptores de su acción"

Ha habido veces en las que el alcalde de Castro Urdiales veía a Fernando como un enemigo. “He sido declarado enemigo número uno por varios alcaldes y varios compañeros míos también”, explica el interventor. “Nos llaman interruptores de su acción”.

La corrupción en ese ayuntamiento está ligada a la construcción. “El mayor producto económico nace del urbanismo por eso se le llama la Marbella del norte”.  Para que funcione y que unos pocos se puedan llevan casi todo “hace falta que hayan migajas”, se refiere a los contratos de basuras, jardinería… “Todo el mundo pilla”, asegura Fernando. “La corrupción es una trama gigantesca en la cual hace falta repartir muchas migajas”.

Gracias a sus informes y a la actuación del juez Luis Acayro Sánchez por los juzgados han pasado mucha gente. ”15 condenados y 158 imputados en las diversas causas”, explica el interventor. El Tribunal de Cuentas le dio la razón. Parte del dinero que ha salido de arcas municipales ha servido para financiar a partidos políticos. “Está claro que es uno de los mecanismos”, comenta.