Cristóbal es un empresario que perdió el trabajo y no pudo hacer frente a las hipotecas del banco. Por ello, el banco se quedó con todo y el empresario ahora tiene que hacer frente a una deuda que ronda los 350.000 euros. “Realmente el único camino que me queda es poner una demanda contra el banco, por las cláusulas abusivas que tenía la hipoteca y todo lo demás, y esperar la resolución, pero eso no lo puedo hacer, por la sencilla razón de que tengo que pagar 1.000 o 1.300 euros, o 1.200 euros, y no tengo ese dinero para hacerlo”. Para el empresario 1.200 euros “es la vida”. Si ganara el juicio, conseguiría la reducción de un 50% de la deuda, “con la cual me permitiría pues volver a empezar a vivir”, asegura.
Verónica Dávalos es su abogada y día a día se encuentra “con muchísimos ciudadanos y ciudadanas que, en sus contratos de préstamo hipotecario tienen cláusulas abusivas, y por tener que abonar las tasas judiciales, no pueden ir a los juzgados a reclamarlas”, comenta. Y es que los bancos y aseguradoras, como grandes empresas, pueden permitirse el abono de tasas judiciales y, además, tienen beneficios fiscales, se deducen ese gasto. En cambio, “el ciudadano no puede desgravárselo en su declaración de la renta”, explica la abogada.
"Se está limitando el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas"
El objetivo de las tasas judiciales era reducir el colapso que había en los juzgados de asuntos en marcha, asuntos judiciales en marcha. “Se ha conseguido el objetivo, en el sentido de que hay menos demandas en el juzgado, desgraciadamente. Se está limitando el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas”
Cristóbal Gil considera que, “cuando yo pago unos impuestos, en esos impuestos van incluidos una serie de servicios que me tiene que dar el estado. Porque, si no, ¿para qué pago impuestos? ¿Por qué han puesto esas tasas?”, se pregunta el empresario. “Si realmente lo que se pretende es que el pueblo se pueda defender, hay que darle las máximas facilidades al pueblo, y no darles las máximas facilidades a los poderosos”, comenta.
Esas tasas se impusieron porque Gallardón dijo que “se estaba haciendo un uso abusivo de la justicia por parte de la ciudadanía y que había que agilizar la justicia, que estaba colapsada. Pero luego, además, dio otra justificación: que pretendía, con esta tasa, recaudar 300 millones de euros, la friolera de 300 millones de euros, para sufragar la justicia gratuita, que es un servicio público esencial”, explica la abogada del turno de oficio Lorena Ruiz-Huerta
El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena asegura que “el propósito es disuadir a los ciudadanos de que acudan a la justicia. Está en la misma línea, en la misma línea de privatización de todos los demás servicios públicos. Se trata de que el ciudadano normal que acude a ese servicio público no tenga servicio público”.