Por un lado el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura que normalmente la justicia tiene manga ancha con los poderosos que “puede ser debido a la dificultad de ese tipo de investigaciones que lleva a no llegar hasta el final o diríamos casi a aburrirte". “En la investigación hay demasiadas trampas legales, demasiadas zonas oscuras, y entre seguir y complicarte en la investigación, optas por dudar de que existan elementos suficientes para continuarla, y archivas y sobresees”, comenta el exjuez
Por otro lado, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena, con más de 40 años dedicado al mundo de la fiscalía, cree que “generalmente se dice que hay dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres. Pero no es verdad”, aclara. “Es más grave. Es que es la misma. La misma justicia con unos se porta de un modo y con otros se porta de otro”, explica.
La abogada del turno de oficio Lorena Ruiz-Huerta nota esa diferente vara de medir que tiene la justicia. “No se trata solo de que la justicia sea más o menos eficaz, también se trata de que el legislador no trata de la misma manera los delitos que cometen los pobres que los ricos”.
"El legislador no trata de la misma manera los delitos que cometen los pobres que los ricos"
La justicia de este país no está siendo ejemplar con los casos de corrupción política. Y es que, según explica José María “hay un artículo en el Código Penal desde 1870, que no ha cambiado nunca, que dice que la autoridad o funcionario que reciba regalos en atención a su cargo, es delito. Delito que implicaría consecuentemente su inhabilitación como funcionario”.
El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya recuerda “el asunto de Camps o la señora esa de Valencia que dice que le regalen un bolso es normal. Eso está en el Código Penal. Y está escrito en tres líneas, y lo entiende hasta el más lerdo”.
Lorena añade que “no se trata solo de una cuestión de voluntad por parte de jueces y tribunales, está claro que por parte del poder político no hay interés y voluntad de acabar con la corrupción”. La abogada explica que se acaba de conocer hace unos meses el proyecto de reforma del Código Penal que prepara el Gobierno, y se mantiene una situación de tratamiento desventajoso de que la defraudación a la Hacienda pública se sigue manteniendo con el tope de 120.000 euros para que sea constitutivo de delito, y sin embargo, la defraudación a la Seguridad Social, las que podemos cometer las personas normales que no tenemos 120.000 euros para defraudar al año, se castigan desde el primer euro".
El exmagistrado Baltasar Garzón comenta que cuando hay grandes defraudadores, llegan las ‘grandes soluciones’. “Se establece una amnistía fiscal para el que tenga grandes cantidades o fondos en el exterior y las nacionaliza y nos olvidamos de que aquí ha habido una evasión de fondos vinculada al blanqueo de capitales, corrupción o cualquier cosa en casos de defraudación fiscal. Y eso se contiene y no pasa nada”, asevera.