Están condenados a tres años de prisión por el delito contra el derecho de los trabajadores a trabajar. En abril de 2008, se había convocado una huelga general por la negociación del convenio de mercancías de la provincia de Pontevedra.
Se concentraron unas 70 u 80 personas y la Policía identificó a algunas a las que le llegó la denuncia y después del juicio les ha caído tres años de prisión. En ningún momento hubo ningún tipo de altercado. Ni violencia ni barricadas ni nada por el estilo. Salió en toda la prensa que fue una de las huelgas más pacíficas del transporte.
En febrero, han pedido un segundo indulto. Carlos ha alegado que es el sustento de la familia. “Yo, si mañana tengo que ingresar en prisión, mis hijas y mi mujer se quedarían en la calle. Porque con lo que gana mi mujer en su trabajo pago la hipoteca. No les quedaría dinero para comer”, comenta.
Serafín empezó a trabajar en enero de este año, cuando había estado ya dos años casi y medio en el paro. “Ya bastante cuesta encontrar trabajo, como para tener que entrar en prisión, pues se vendría abajo eso que tanto costó conseguir”, asegura.
"El indulto se convierte en un instrumento político para premiar a unos y sancionar a otros"
A Carlos le hundiría la vida porque “estoy trabajando, tengo mi vida hecha, nunca tuve problemas con nadie, y que, meramente, por estar una vez en una huelga con muchas personas y por una simple identificación, que quieran meterte en la cárcel… No lo acabo de entender. Y mirando lo que está pasando en este país, que están dando indultos para delante… Claro, esa gente tiene apellidos, no como nosotros, que somos simplemente unas personas de la calle. Esta gente tiene su nombre y su apellido, son conocidos y les dan el indulto”, comenta.
A la abogada del turno de oficio Lorena Ruiz-Huerta estos casos le parecen “un mensaje clarísimo a la sociedad. Aquí sí que se hace política criminal. ¿Qué circunstancia más importante puede tenerse en cuenta? Se está condenando a esta familia a la pobreza también”.
Al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hay un hecho que le comienza a preocupar. Y es que “en los casos de delitos contra los trabajadores, como puede ser el de los piquetes informativos, de huelgas y demás, en alguna fiscalía, y parece que puede obedecer a una línea de actuación, se ha llamado y se ha explicado en el acto de juicio oral, como, por ejemplo, en Granada, que las sentencias tienen que ser ejemplares”. Algo que en momentos de crisis, “es muy peligroso, porque va en la línea de la criminalización de la protesta, de la mano dura en la calle, de ustedes quédense donde deben quedarse y no nos jodan a los demás”, explica.
Mientras en España, el año pasado, se concedieron más de 200 indultos, en países de nuestro entorno, como el Reino Unido, donde se concedió solo uno, o Francia, donde no se concedió ningún indulto, la situación era muy diferente. Esto es porque “el poder judicial se manifiesta como directamente subordinado, es decir, enmendable por el Gobierno”, explica el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena.
La ley del indulto es de 1870. Era una ley progresista en su momento y la ley explicaba detalladamente que había que motivar la razón del indulto para que los ciudadanos no desconfiaran del gobierno que enmienda la plana a un tribunal. José María señala que “se quitó la obligación de motivación en tiempos de Felipe González. Con ocasión de otra reforma de leyes procesales, que no hace al caso, que no tenía nada que ver con el indulto...”.
Baltasar Garzón, sin querer parecer un “azote del indulto”, piensa que en vez de que el Gobierno conceda tantos indultos “es más lógico, es mucho más democrático, es mucho más racional acomodar la proporcionalidad de las penas realmente a la gravedad de los hechos delictivos”.