El principio de jurisdicción universal es un mecanismo de derecho internacional que permite que, para determinados crímenes, aquellos que corresponden a las mayores violaciones de los derechos humanos, cualquier tribunal del mundo pueda arrogarse competencias para conocer de ellos, investigarlos y, eventualmente, condenar a los perpetradores.
El pasado mes de febrero el Congreso, con los votos del PP, hizo una reforma de la Ley de Justicia Universal que limitaba su alcance. Esto significa para españoles que sean víctimas de estos delitos que se “elimina el principio de nacionalidad pasiva, el principio de protección de nacionales en el extranjero, y dejamos desprotegidos a todos los españoles que residen en el extranjero: periodistas destinados en zonas de guerra, cooperantes al desarrollo que enviamos a estados prácticamente fallidos y, en caso de ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, no podrían venir a la Audiencia Nacional Española y encontrar justicia en España”, explica el abogado.
La relación que tiene China con la limitación de la ley es que “la reforma viene como consecuencia de que se dictara una orden de captura internacional contra el expresidente Jiang Zemin y otros cuatro altos cargos del Partido Comunista chino por la causa del genocidio del Tíbet. En noviembre de 2013, se le indica al juez Ismael Moreno que tiene que dictar órdenes de captura internacional".
"Hay que tener claro si queremos protección de derechos humanos o relaciones económicas"
Se formaliza y se dicta el 10 de febrero de 2014 y “al día siguiente es cuando se vota en el Congreso de los Diputados la reforma del principio de jurisdicción universal por la que se archivan todas las causas, incluida la causa del Tíbet”, asevera Aitor Martínez. “A la par que se votaba en el Congreso, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino comparecía en una rueda de prensa advirtiendo a España de las consecuencias que tendría para las relaciones económicas bilaterales esta orden de captura internacional”.
China presionó a España con presiones de corte económico. “Se han hecho subastas en las que China ha comprado el 25% de deuda pública española, cuando el propio BCE no salía a la compra de deuda pública española. Y si China se decidiese a vender los entre 65.000 y 80.000 millones de euros que tiene de títulos de deuda pública en el mercado secundario, España entraría en una ruina económica directa”, explica el abogado.
No es la primera vez que presiones de terceros países hacen que la Ley de Justicia Universal cambie. “En el 2009 ya se reformó el principio de jurisdicción universal. Se introduce la necesidad de que haya conexiones con España, como por ejemplo, que los crímenes los hayan sufrido españoles. Posteriormente se ha sabido, después de que se filtraran los cables de WikiLeaks, que hubo presiones diplomáticas de EE.UU., sobre todo por el caso Couso, por el caso de las torturas de Guantánamo o por el caso de los vuelos de la CIA, para que España reformara el principio de jurisdicción universal”, comenta Aitor.
Y es que España tiene que “tener claro si queremos protección de derechos humanos o relaciones económicas y comerciales estables. Una cosa y la otra normalmente no suelen ir de la mano”, concluye el abogado especialista en jurisdicción universal.
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, uno de los jueces abanderados en la aplicación de la justicia universal, por ejemplo en el caso de Pinochet, ha visto esta modificación de la legislación española “con estupor, no con sorpresa porque ya se venía previendo que esto iba a suceder, pero con mucho miedo porque creo que han primado intereses estrictamente económicos, políticos y diplomáticos”, asegura el exmagistrado.
Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que España no puede ser el gendarme del mundo. El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena asegura que “están intentando engañar al público porque la jurisdicción universal está para los casos en que el país que corresponda no haga justicia”.
La abogada del turno de oficio Lorena Ruiz-Huerta explica que “desde el momento en el que se ha reducido quiénes pueden iniciar las querellas, que solamente puede ser la persona agraviada o el Ministerio Fiscal, eliminando la acusación popular, esto es una manera de erradicar, de quitar la voz del pueblo, la presencia del pueblo en las causas judiciales y, sobre todo, en este tipo de causas que en la mayoría de los casos han venido como impulso de esta acusación popular”.