La proposición de ley para combatir la pobreza energética la hizo Laia Ortiz, portavoz de Energía de la Izquierda Plural desde la tribuna del Congreso, tuvo aceptación por la mayor parte de los grupos de la Cámara pero “no por la mayoría del Congreso porque el Partido Popular votó en contra”, comenta la portavoz.
El PP se opuso porque alegaban que ya estaban luchando por la pobreza energética “y que ahora no tocaba”. A Jordi Évole de la propuesta de ley le ha llamado la atención una serie de puntos, empezando por la rebaja del IVA del 21 al 10% y la tregua invernal que “garantiza no cortar la luz por una cuestión económica o de exclusión social en los meses de invierno”, explica Laia Ortiz.
Otro punto era la ampliación del bono social, “un descuento en la factura muy restrictivo que se creó en 2009”. Y es que los requisitos lo que hacen es “excluir a muchísima gente que sufre de ese problema”, comenta. Del pago del bono social se ocupaban en 2009 las compañías generadoras de electricidad. Sin embargo, no fue así porque la medida fue recurrida por Iberdrola. Así que “se coloca en la parte de la factura que se le llaman ‘costes regulados’”, es decir, se paga un peaje para dar este bono social y las eléctricas no pagan nada.
El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados y ha aprobado la Ley del Sector Eléctrico que según el propio Gobierno también tiene medidas para paliar esa pobreza energética. La portavoz de Energía de la Izquierda Plural desde la tribuna del Congreso asegura que “se habla otra vez de que serán las compañías eléctricas quiénes tienen que sufragar el bono social”. Sin embargo, en el último momento en el Senado, hicieron una enmienda que se corrigen a sí mismos. “Con lo cual seguimos como estamos”, comenta.
Lo que hay es un artículo en la ley que dice que el bono social lo pagarán las compañías eléctricas y al final de la ley hay una disposición transitoria “mientras no se despliegue la normativa continuaremos pagando todos”, concluye.