Salvados analiza en el último programa de la temporada el caso
Castor, el depósito artificial de gas natural construido frente a las costas de
Castellón que el gobierno ha paralizado definitivamente por causar movimientos
sísmicos. El gobierno, que había garantizado a la empresa concesionaria,
ESCAL-UGS, participada por ACS, que recuperaría su inversión en cualquier caso,
autorizó también una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa.
Un documento confidencial
El programa ha tenido acceso a un documento confidencial interno del ministerio
de Industria sobre Castor, un documento que Jordi Évole analiza con Joan
Llinares, experto en transparencia y contratación pública.
Llinares asegura que del documento se desprenden algunas
irregularidades, como las condiciones restrictivas del concurso para la
construcción de la planta, al que se acabó presentando solo una empresa, ACS, o
que, en muchos casos de subcontratación de trabajos, contratista y contratante
pertenecían al mismo grupo ACS, circunstancias que limitaron la competencia, lo
que resultó en sucesivos incrementos del coste del proyecto.
Apoyo de PP y PSOE
Évole repasa el apoyo que distintos gobiernos tanto del PSOE como del PP han
ofrecido al proyecto a través de ministros de Industria como Montilla, Clos, Sebastián
o Soria, hablando con dos de ellos: José Montilla y Joan Clos. Ambos aseguran
no sentirse responsables del proyecto a la vez que admiten que la garantía de
recuperar la inversión en cualquier caso que el gobierno incluyó en la
concesión no era normal.
El eurodiputado Ernest Urtasun explica a Évole el motivo por
el que se pagó tan rápidamente la compensación a la empresa, el papel del Banco
Europeo de Inversiones en la financiación del proyecto y cómo y por qué son los
consumidores a través de la factura del gas los que han acabado pagando el
coste de Castor.
El programa se cierra con la entrevista de Évole al
presidente de ESCAL-UGS, Recaredo del Potro. Évole le pregunta por los
sobrecostes del proyecto, por las polémicas cláusulas que cubren las espaldas a
la empresa y por el concurso de adjudicación de las obras.