“A veces una persona pobre habla con más sentido común que una persona rica”, Pascual Carrión. Es un pastor de Jumilla (Murcia) que, a sus 60 años, logró que se paralizara la construcción de un macrocomplejo urbano de 15.000 chalets y dos campos de golf en el municipio. Pascual recurrió a la justicia para evitar que le expropiaran parte de sus terrenos y, después de 7 años de lucha, acabó ganando la batalla judicial.

“Yo quería que pagasen como cualquier vecino paga por hacerse una casa”, José Ramón García. Es el alcalde de Ribera de Arriba (Asturias) y, durante 10 años, se enfrentó casi sin apoyos a Hidrocantábrico, el cuarto mayor productor de energía eléctrica en España. Su objetivo era conseguir que la compañía pagase los impuestos que le correspondían por la instalación de una central de ciclo combinado y no sólo los costes de obra civil. Tras una década de presiones institucionales, de la empresa y de los medios, ganó la batalla legal.

“El impacto personal que tienes cuando te metes ahí es tan grande que por eso nadie se quiere meter”, Itziar González. Es arquitecta y activista política y la concejal que dijo no a la corrupción. Itziar fue escogida regidora del distrito de Ciutat Vella (Barcelona) en 2007 y, tras su llegada al cargo, empezó a detectar ciertas operaciones opacas que quiso regularizar. Por un lado, la actividad de 1200 apartamentos turísticos que no pagaban impuestos y, por el otro, el proyecto de construcción de un hotel al lado del Palau de la Música. En el primer caso, venció. En el segundo, dimitió para no ser cómplice de una irregularidad urbanística.