Desde un constructor hasta una ingeniera, un ex policía, un biólogo, albañiles, amas de casa, padres de familia y hasta jubilados que, acuciados por las deudas y los problemas económicos, se prestan a hacer de correos de la droga.
El trabajo de Jalis de la Serna y Alejandra Andrade se convierte así en un documento de investigación que denuncia la vulneración de los más elementales derechos humanos. Desvelan el hacinamiento en prisiones donde no hay comida para todos.
Los presos españoles tienen que alquilar o comprar una celda, incluso pagar por dormir en el suelo. Muchos están sometidos a extorsiones y torturas. Expuestos a graves enfermedades contagiosas en recintos donde no existe ninguna atención médica.
Son víctimas de la corrupción institucional. Conviven con psicópatas, asesinos y pederastas. Pero no solo los españoles, el programa comprueba que centenares de menores, hijos de los reclusos, viven en esas mismas condiciones.