44 MILLONES DE EUROS ENTERRADOS EN UN PROYECTO RUINOSO

44 MILLONES DE EUROS ENTERRADOS EN UN PROYECTO RUINOSO

El pufo del fibroyeso de Cantabria llega a los juzgados

Lo que iba a ser un milagro económico para Cantabria, la promesa de la revitalización industrial para la región, quedó en 44 millones enterrados y dos consejeros del Gobierno de Miguel Ángel Revilla imputados por un juez.

Ángel Agudo, exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha declarado como imputado por su supuesta responsabilidad en el pufo de GFB. Un proyecto industrial ruinoso que vio la luz bajo el mandato de Miguel Ángel Revilla.

Todo empezó en 2008, cuando el Gobierno regional impulsó la creación de una fábrica de fibroyeso, es decir pladur para las casas. Según ellos, la fábrica traería riqueza y desarrollo para Cantabria.

Por eso había que invertir dinero público. Se hizo a través de Sodercan, un organismo público dependiente del Gobierno regional. Sodercan era el socio minoritario de la fábrica de fibroyeso, y para completar el accionariado buscaron una empresa privada: Euroamerica S.A, que participaba al 70% en el proyecto y que tenía sede en Costa Rica

Se suponía que los socios de Costa Rica aportarían la maquinaria para la fábrica, pero cuando Revilla viajó al país para cerrar el acuerdo, firmó algo muy distinto. El Gobierno acabó pagando 40 millones de euros por una maquinaria que habían comprado los de Costa Rica años atrás por 40 millones de dólares para un proyecto en América.

Pero el despilfarro de dinero público no se quedó ahí. Los altos directivos de GFB cobraban sueldos anuales de más de 100.000 euros, disponían de complementos de sueldo, gastos de representación y tarjetas de empresa con la que pagaban hoteles, viajes y restaurantes.

Más de 40 millones de euros de inversión pública para una fábrica de la que nunca salío ni un metro cuadrado de fibroyeso. Pero a pesar de que nunca se puso en marcha, se contrató a 77 personas para cobrar subvenciones públicas. Miguel Ángel Revilla no ha querido hacer declaraciones, pero cuando el parlamento cántabro investigó lo sucedido hace dos años, defendió su inocencia argumentando que se fiaba de los informes de sus consejeros.

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