El Gobierno en funciones no puede aprobar Presupuestos Generales del Estado, pero las normas europeas exigen haber enviado unas líneas generales antes del 15 de octubre de cada año. Por ello, para cumplir estas reglas, el Consejo de Ministros del 14 de octubre de 2016 dio luz verde a un plan presupuestario en el que se prorrogaban las cuentas del año 2016. Aquí se puede consultar lo aprobado en la referencia del Consejo de Ministros.
En el texto completo del plan presupuestario incluye varias referencias a que sólo incluye los efectos de los cambios de política económica de 2016 y ninguno de cara a 2017, a la espera de que se pueda remitir un Presupuesto al Congreso de los Diputados.
Tres ejemplos de que el plan no incluye cambios de políticas son :
1- En la página 17 del texto, dice textualmente esto: “El cuadro 2.7 presenta las proyecciones de las principales rúbricas de ingresos y gastos públicos para 2016 y 2017. Estas proyecciones, tal y como se ha comentado anteriormente se han realizado en un escenario sin cambio de política económica”.
2- En la página 22: En el año 2017 se prorrogarán los Presupuestos Generales del Estado de 2016. A efectos del escenario “sin medidas de política económica” se desarrollan tres medidas que tendrán impacto positivo sobre la recaudación, y que han sido aprobadas por el Gobierno.
3- Y en la página 23: En cuanto a la prórroga del presupuesto de gastos, según el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria, se prorrogan los presupuestos iniciales del ejercicio anterior eliminando los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que acaben en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan”
Es decir, en el plan presupuestario no se incluyen ajustes de 5.500 millones, pero lo que sí ha ocurrido es que Bruselas ha respondido en una carta a este plan este martes (25 de octubre) y pide actualizar el presupuesto con un ajuste de 5.500 millones, así lo recogen las noticias de ese mismo día, como ésta de El Mundo o ésta de El País. Es decir, es Bruselas quien exige un ajuste de 5.500 millones de euros, no el Gobierno quien lo ha enviado.
Dado que es la Comisión Europea la que exige el recorte de 5.500 millones de euros y no al revés, la declaración de Antonio Hernando sería FALSA.