El aforamiento es una fórmula de privilegios súper moderna. Nació en la Edad Media y aún sobrevive. Los aforados no es que vivan al margen de la ley, pero si cometen un delito, sólo pueden ser juzgados sin posibilidad de recurso por tribunales superiores, es decir, por el Tribunal Supremo o por los tribunales superiores autonómicos, y no por los que juzgan al resto de los mortales.

Entre los que no verán un juzgado de instrucción ni en pintura están en presidente del Gobierno, sus ministros, así como todos los diputados, los senadores, los presidentes de ambas cámaras y los equivalentes a ellos en el ámbito autonómico, además de las grandes estrellas del sistema judicial y fiscal.

En teoría, la idea parecía buena. Los políticos son personas de gran relevancia, así que si tenían que ser juzgados por un delito, el hecho de que se encargara de hacerlo el Supremo de forma exclusiva, podría favorecer la independencia durante el proceso y ahuyentar presiones e influencias.

Pero en teoría, funciona hasta el Comunismo porque ¿cuál es la realidad? Pues quien se encarga de juzgar, por ejemplo a un diputado, es el Supremo sí, pero quien nombra a los jueces del Supremo es el Consejo General del Poder Judicial y quienes eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial son los propios diputados, un círculo pero que muy vicioso.

Así que no hay que ser muy listo para darse cuenta de que nuestros políticos están más protegidos que el lince ibérico.