Frente a la oposición de muchas comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP, el ministerio de Sanidad ha tenido que recordar que el nuevo copago es una ley y que, como tal, es de obligado cumplimiento en todas las administraciones sanitarias. La propia ministra ha tenido que reconocer que el plazo va a tener que ampliarse.
La gran pregunta en las últimas horas es ¿cuándo va a implantarse este copago finalmente? Por ley tendría que haber entrado en vigor el 1 de octubre, pero como ha sido imposible, el ministerio va a tener que ser flexible.
Se ha habla de noviembre, de diciembre y hasta de Enero. El diario 'La Razón' era el primer medio en dar una fecha: el 1 de enero. Esa sería la fecha que se habrían puesto como tope los directores generales de Farmacia.
Los únicos sitios donde ya está implantada la medida es en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Una medida que ha dividido a las comunidades autónomas. A favor de la misma, sin reservas, se han posicionado: Galicia, Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. Pero hay muchas, que están radicalmente en contra: Asturias, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Canarias, Andalucía y Baleares, algunas gobernadas incluso por el PP.
De hecho País Vasco amenaza con tomar medidas judiciales. Si el gobierno no rectifica esta norma de Sanidad, presentaría un recurso administrativo de alzada para la paralización cautelarmente la orden ministerial. Si se rechaza el recurso de alzada, recurrirían a la vía judicial.
Están en contra de este nuevo copago que impone el pago por parte del paciente del 10% del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria, con un tope de 4,20 euros por envase.
Solamente quedarían exentos de esta medida los parados de larga duración que han agotado los 400 euros de ayuda y aquellos con pensiones no contributivas. Las asociaciones de enfermos crónicos, incluso la federación de farmacéuticos de medicamentos que se dispensan en hospitales, se han quejado. Creen que la recaudación que se consigue con esta medida es simbólica, y que pone en peligro el tratamiento de muchos pacientes que no puedan hacer frente a este gasto.