- Manifestaciones no comunicadas:
Pueden ser sancionados
hasta con 600.000 euros para quienes las organicen. Aquellos que quieran
manifestarse frente a edificios de instituciones como el Congreso o el Senado,
pero también hospitales, escuelas o universidades sin haberlo comunicado
previamente, son sancionados.
- La desobediencia
También se multa con
esta ley desde infracciones leves a infracciones muy graves. Por ejemplo, ocupar
inmuebles, como una sucursal bancaria, como en su día hicieron los 'yayoflautas',
lleva consigo una sanción de hasta 600 euros como infracción leve que se
considera. Lo mismo que trepar por un edificio y colgar una pancarta, al estilo
Greenpeace. La obstrucción a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, por
ejemplo, cuando la Plataforma antidesahucios se encadene a la puerta de un
edificio, es una infracción grave y que puede ser sancionada con hasta 30.000
euros. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad supondrán una multa de 100 a 600 euros.
- Hacer fotos a agentes en operaciones policiales:
También sanciona hacer
fotos a los agentes de seguridad en plena operación policial. Por ejemplo, el
uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades
y miembros de las fuerzas de seguridad lleva consigo una sanción de 30.000 a
600.000 euros, según el caso.
- Devoluciones en caliente
Esta Ley de Seguridad Ciudadana
ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos por que contempla
las devoluciones en caliente de inmigrantes. Aquellos extranjeros que sean
detectados, por ejemplo, en Ceuta o Melilla, en la frontera con Marruecos y que
no tengan papeles, serán devueltos al país y rechazados por el nuestro.
- El juez no tiene la última palabra en algunos casos
Muy criticado fue el
cambio de algunas prácticas que antes eran consideradas como faltas y por
tanto, tenían que ser dirimidas en un juzgado y que ahora tienen carácter de
multa administrativa con lo que se salta el control judicial. Es decir, ahora
el juez no tiene la última palabra.