Cuando han pasado 19 años, el Hospital de La Ribera, en Alzira, vuelve a manos públicas. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ha defendido "que no haya diferencias por razones económicas ante la Sanidad, que todo el mundo tenga derecho a la mejor salud pública".
La recuperación se produce gracias al acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Compromís, sellado en 2015. El nuevo Ejecutivo se comprometió a acabar con el modelo sanitario de financiación privada impulsado por el anterior gabinete del Partido Popular.
Con la gestión pública, la Consellería de Salud asegura que mejorará los servicios. Carmen Montón, consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha afirmado que "están planificados 303 empleos y una inversión de 5,7 millones".
Sin embargo, el Sindicato Independiente ha recurrido ante la Justicia que 1.400 empleados fijos pasarán a ser personal laboral a extinguir. Según su opinión, esto supone que trabajadores indefinidos se convertirán en temporales, interinos o a término por una de las partes.
La empresa concesionaria del hospital afirma que la opción privada suponía un ahorro para la Administración. Javier Palau, exgerente del hospital de La Ribera, ha declarado que "en torno al 20, 25% menos de lo que podría estar costando con una gestión directa".
No obstante, un estudio del Sindicato Médico de Asistencia Pública cifró en 65 millones de euros el sobrecoste del hospital sólo en 2015 y 2016. Además, la cuantía que la Administración pagaba por paciente a la empresa pasó de 204 euros por habitante y año en 1999 a más de 750 euros en 2018.
Los trabajadores acusan a Ribera Salud de aprovecharse de los empleados. "Nos sobrecargaron para dar buena asistencia y que la población no notara las carencias", destaca Rosario Muñoz, del Comité de Empresa.
El Gobierno valenciano tiene previsto concluir las concesiones de los hospitales de Torrevieja, Denia, Manises y Elche entre 2021 y 2025.