Se trata de la primera vez que un tribunal de un país europeo condena a un Estado por incumplir las decisiones comunitarias, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo, al considerarlas de "carácter vinculante y obligatorio".
La Sala de lo Contencioso Administrativo estima de forma parcial el recurso de la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formada al Gobierno, en la que pedían que se declarase que España había incumplido sus obligaciones con el cupo establecido por la UE.