La investigación puso al descubierto la práctica de abortos
a las víctimas que se quedaban embarazadas mediante la falsificación de recetas
a nombre de las personas mayores que las chicas cuidaban, obteniendo pastillas
que pueden provocar abortos al ser administradas en determinadas condiciones.
Esta práctica se llevaba a cabo en domicilios privados, sin
control facultativo y en algunos casos a mujeres en un estado de gestación
superior a los cuatro meses, enterrando después los fetos.
La organización la dirigían dos hermanas nicaragüenses que
bajo la promesa de conseguir a sus víctimas un trabajo como empleadas de hogar,
animaban a sus compatriotas a venir a España con un alto préstamo, del que una
parte se destinaba a la compra del billete de avión y otra para acreditar
medios de vida en la frontera.
Además de las dos hermanas, han sido detenidos cuatro
hombres y nueve mujeres de entre 28 y 56 años, naturales de Guinea, Marruecos,
Bélgica, Bolivia y España.
Las jóvenes entraban en España a través del aeropuerto de Barcelona, desde donde eran trasladadas en autobús a Murcia y recibidas por sus captadoras o algún colaborador.
Posteriormente, las desplazaban a un domicilio situado en la
capital murciana y, tras quitarles el dinero prestado que les quedase, las
alojaban temporalmente en la vivienda en condiciones de hacinamiento e insalubridad
extremos, durmiendo incluso en el suelo, hasta que se les encontraba un trabajo
doméstico donde vivían.
Una vez 'colocadas' laboralmente bien como empleadas de
hogar o cuidando a personas mayores y bajo un control estricto, recibían un
salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda, que
generaba unos altísimos intereses, y para pagar su alojamiento.
De ese modo a las víctimas les era imposible saldar la deuda
y tenían que soportar jornadas laborales excesivas. Con el objeto de poder
salir de esta situación, algunas de las chicas optaron por prostituirse y
destinar a pagar el dinero que adeudaban a las responsables de su traslado a
España.