Berta tiene 38 años y en 2009 pidió un préstamo para poder realizar un máster de 15.000 euros, un préstamo al que ahora no puede hacer frente solo con sus ingresos. "Trabajo como autónoma y consigo reunir 600 euros al mes y es el año que mejor me va, el año pasado gané 400 y creo que coticé con. Y no he parado de trabajar", se lamenta.

Alberto también solicitó ese préstamo para estudios de posgrado en 2010. Él pidió 8.000 euros y tampoco le está siendo fácil devolver el préstamo: "Me tengo que buscar la vida sea de lo que sea y como sea, que es algo que implica, como resumen, condiciones laborales precarias".

Como ellos, hay más de 12.000 afectados en España por los Préstamos Renta Universidad, una línea de financiación del Estado a través de ICO y diversas entidades bancarias que nació en 2007 bajo el lema "estudiar más no cuesta tanto".

Al principio, partió de un interés cero y no debían devolver los préstamos si no llegaban a cobrar 22.000 euros, pero la condición fue eliminada y muchos ahora no pueden hacer frente a los pagos. "Los bancos están mandando cartas para presionar para cobrar intereses y comisiones, amenazando con tribunales e incorporando a ficheros de morosidad, y claro, la gente tiene miedo", explica Berta.

La asociación de afectados denuncia que los bancos no pueden embargar porque se trata de un sistema de prestamos públicos, pero las entidades defienden que se trata de un préstamo privado. La Plataforma ya ha solicitado una reunión con el ministro de Educación para evitar mayores problemas judiciales.