La violencia silenciada, e incluso tolerada, dejó de serlo tras la muerte de Ana Orantes. La lacra se visibilizó, la sociedad se concienció.
"Se ha conseguido visibilizar como un problema de primera magnitud que afecta a toda la sociedad" explica Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas.
Con la movilización de la calle y de las asociaciones de feministas, alcanzamos el momento de la voluntad política. Es el año 2004 y el Congreso vota la Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprueba por unanimidad.
"Es un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal" comentaba el expresidente Zapatero tras la aprobación de la Ley. La ansiada norma supone un paso de gigante para acabar con la impunidad machista.
"Se las reconoce como sujeto de un delito y no como sufridas esposas", explica Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres.
"Se implementaron medidas de especialización de juzgados, el número de atención 016 y otros recursos como los dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes de protección", apunta Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
Pero según las asociaciones de mujeres, es la ejecución de la ley la que flaquea: "Hay una voluntad política de grandes objetivos, pero cuando una baja al menudeo, cuando una dice esto pasa por poner recursos para la formación de los jueces, ahí la voluntad se quiebra un tanto", analiza Marisa.
"La ley se aplica con toda una serie de prejuicios, por ejemplo, cuestionar constantemente la veracidad de los testimonios de lo que declaran las mujeres" recalca Yolanda.
El próximo gran paso en esta lucha es un pacto de Estado, sobre el que ya se está trabajando: "Significa elevar la violencia de género a la categoría de cuestión de Estado", añade Carmona.
El objetivo, del que todos somos responsables, es el cero. Cero machismo. Cero asesinatos.