Elisabeth es una de las vecinas afectadas. Como ella, 400 personas ya han recibido el burofax que indica que el próximo 31 de marzo tienen que dejar las llaves de su casa, en el bloque 113 de la Avenida de Barcelona, en Sant Joan Despí. Como su caso, también el de otras 150 familias. La mayoría se quieren quedar en el inmueble, y por ello han intentado renovar sus contratos con el fondo de inversión que ha comprado el bloque de pisos.
"Ellos nos han comunicado que no hay prórroga, que es un contrato nuevo a precios que son totalmente injustos", denuncia Marta, otra de las personas afectadas. A ella se une Julio Jiménez, portavoz de la Comunidad de Vecinos Afectados. "En ningún momento nos hemos negado a pagar, sino que no podemos asumir esas subidas brutales que quiere hacer la propiedad", señala.
Pisos por los que actualmente pagan 700 euros pasarían a costar 1.000. Desde la comunidad de vecinos hablan de especulación. No hay sufiente alquiler en la zona, y dejar libres 150 inmuebles sería todo un negocio. "Hace unos años existía una burbuja sobre las hipotecas, y ahora existe una burbuja sobre el alquiler. Las familias han echado raíces aquí.
Sería ilógico que, por que una multinacional o un fondo de inversión intente ganar dinero, destrozaran la vida de muchas personas", critica Jiménez. Las familias se niegan a marcharse. "Estamos intentando negociar y no nos vamos a mover", asegura Marta. Mientras les dan una solución, ellos seguirán haciendo ruido para que su situación sea escuchada.