Con el horizonte en una huelga general el próximo 22 de mayo, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales retoman su calendario de protestas para protagonizar un paro en busca de soluciones a sus demandas.
En un principio lo hicieron el pasado 19 de abril, si bien anularon la convocatoria tras recibir una notificación del Ministerio de Trabajo indicando que no se respetaba el plazo de diez días de preaviso para ejercer el derecho a huelga. Esta nueva movilización se produce después de que el pasado 5 de abril jueces y fiscales se concentraran en la mayor parte de los juzgados del país para reclamar al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se sienten a negociar inmediatamente.
Los jueces interrumpen su jornada laboral durante una hora para volver a concentrarse a las puertas de los juzgados, por lo que es probable que algunas actuaciones judiciales y juicios sean suspendidos. Sin embargo, el comité de huelga ha establecido unos servicios mínimos que permiten que las actuaciones urgentes no sean desatendidas por los juzgados de guardia.
A los paros, previstos todos los jueves hasta el 17 de mayo, se une una concentración el próximo cuatro de mayo frente al Ministerio y una huelga general el 22 de mayo. Entre sus demandas figuran la regulación de las cargas de trabajo, la modificación del régimen de permisos para conseguir una mejor conciliación laboral, la equiparación del número de jueces y fiscales a la media de la Unión Europea o el incremento de la planta judicial en provincias con un elevado nivel de litigiosidad.
Sin olvidar las 14 propuestas para la mejora de la calidad de la Justicia que las asociaciones judiciales concretaron el año pasado, entre ellas la referida a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos de altos cargos judiciales o la modernización de la Administración de Justicia.