Se llama Comisión General de Codificación y ayuda al Gobierno a actualizar las leyes. Pero son ellos mismos los que necesitan una actualización, porque en su organigrama atufa a testosterona.
Los que mandan son todos hombres: presidente, vicepresidente y los presidentes de cada una de las secciones. Por debajo de ellos, más de lo mismo, y es que casi el 90% de los vocales son hombres: 99 contra 16 mujeres.
Pero el escándalo está en la sección de derecho penal, que son los que estudian la reforma sobre agresiones sexuales a mujeres. Y aquí no ni una sola mujer.
Difícil de justificar porque ellas son más de la mitad de jueces y magistrados españoles. Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, afirma que "lo que salga de esa sección, como poco, va a estar bajo sospecha".
El ministro de Justicia ha prometido que esta comisión de solo hombres trabajará rápido para que en "semanas haya una primera propuesta".
Pero este consejo de expertos no tiene un ritmo vertiginoso precisamente. La comisión de derecho penal lleva años sin funcionar de forma regular y según las memorias anuales que tiene publicadas en su página web, donde faltan varios años, no elabora ningún informe desde 2006.