LO QUE DECIDA EL ÁRBITRO SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN

LO QUE DECIDA EL ÁRBITRO SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN

El Gobierno activa el arbitraje para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat

Empresa y trabajadores buscarán un mediador desde este 17 de agosto. Tendrán un día para ponerse de acuerdo y si no lo hacen el Gobierno elegirá al árbitro que deberá encontrar una situación en un plazo máximo de diez días. De esta manera, en un plazo máximo de 12 días se habrá resulto de una manera u otra el conflicto de El Prat.

El Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento como medio de solución de la huelga indefinida declarada en la empresa Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, según ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta tarde, el titular de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir a un árbitro.

En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.

El árbitro dictará su decisión -que habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga-, previa audiencia de las partes, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.

La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de "circunstancias", ha explicado el ministro.

Entre estas circunstancias, figuran la duración de la huelga y las "posiciones irreconciliables" que han mantenido las partes durante el proceso de mediación. De la Serna también ha aludido al "perjuicio para la economía nacional" derivado del conflicto, debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, "deterioro de la Marca España" e impacto en sectores vinculados al turismo.

El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene "carácter excepcional" y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones, porque las empresas subcontratadas son diferentes.

En unas de ellas se cobran unos pluses y en otras no, y también en unos aeropuertos es necesaria una serie de refuerzos por la dimensión de la instalación y el número de pasajeros y, en otros, eso no es necesario, ha añadido el ministro.

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