Hace unos meses, Johanis tuvo que acudir al hospital con su padre venezolano que vive en Galicia en situación irregular. "Le diagnosticaron un posible daño cerebral. Le dieron el alta recetándole paracetamol y no lo derivaron al neurólogo", afirma.
No lo derivaron al neurólogo porque no tenía tarjeta sanitaria. Pero su calvario no terminó ahí. "Llegó una factura de un importa bastante importante, de 879 euros", cuenta Johanis.
Es la situación que han sufrido miles de migrantes en situación irregular en España desde la aplicación del Real Decreto aprobado por el PP en 2012.
Médicos del Mundo denuncia el aumento de la mortalidad dentro del colectivo desde entonces. "Ha habido un exceso de mortalidad de un 15% en las personas migrantes indocumentadas, sin papeles", señala José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo España.
Seis años después, el Ejecutivo de Sánchez ha prometido acabar con esta situación. para, según declaraba Celáa, "devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud".
Sin embargo, desde el PP aseguran que el gobierno de Rajoy nunca le quitó a la Sanidad Pública su carácter humanitario y critican al PSOE porque, dicen, busca apropiarse de la solidaridad.
"Con el PP las urgencias y las operaciones también estaban garantizadas. Lo único que hicimos fue regular el abuso que se cometía de la sanidad por el turismo sanitario", ha señalado Andrea Levy.
Se abre ahora un proceso de seis semanas, un tiempo de diálogo con Comunidades Autónomas y Sociedad Civil para que la protección de la salud sea de nuevo, dicen los socialistas, "un derecho de todos y para todos".