"No queremos más violadores, asesinos, criminales que no estén reinsertados en la calle", afirma Juan José Cortés. "Nos vamos a dejar la piel, pero no por venganza. Mi hija no quiere venganza, mi hija ya no volverá", añade Juan Carlos Quer.
Incluida en el código penal desde 2015, está pensada para aplicarse en delitos extremadamente crueles y graves. El terrorismo, los asesinatos de menores de 16 años, los de dos o más personas y los que hayan venido precedidos de agresión sexual.
Según el delito que haya cometido la persona condenada a prisión permanente revisable, pasará como mínimo entre 15 y 25 años en la cárcel. A partir de entonces su condena se revisará cada dos años. Desde el punto de vista penal los juristas no se ponen de acuerdo sobre la validez de este tipo de pena.
"Lo que se está buscando es que esta persona no vuelva a la sociedad porque se ha cumplido un plazo sino porque está acreditado que está rehabilitado y que haya una serie de mecanismos que esté controlando que esto pase", explica Martín Palladino, abogado penalista.
Entre quienes defienden su derogación aluden a las penas elevadas existentes en nuestro sistema jurídico. Condenas de entre 20 y hasta 40 años que se acaban cumpliendo porque solo el 16% de nuestros presos tienen un régimen abierto.
"De ese 16% personas hay algunas que salen y salen porque después de muchos filtros se entiende que ya la peligrosidad ha desaparecido", afirma Julián Ríos, profesor de derecho penal de la Universidad Comillas.
Critican que la idea instalada en la sociedad de que los presos salen de la cárcel antes de cumplir con su condena "es solo una idea potenciada por dos o tres casos que salen en los medios de comunicación que no se corresponde con la mayoría de la población penitenciaria", añade Ríos.
Apuntan también a que lo que hace falta es invertir en los tratamientos de reinserción y rehabilitación antes de volver a la libertad.