Los acusados de una agresión sexual en grupo en Molins de Rei, Barcelona, el pasado 19 de mayo alegaron ante el juez, que ha acordado dejarlos en libertad provisional, que las relaciones fueron consentidas por la víctima, quien no los identificó en la rueda de reconocimiento.

Así consta en los autos dictados por la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, en la que acuerda, a instancia de la Fiscalía, medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la entrega de sus teléfonos móviles.

En contra de la versión de la chica, que alega que la violaron, tres de los detenidos sostienen que la joven tuvo relaciones sexuales con ellos "de manera consentida". Según los acusados, cuatro de los cuales fueron detenidos, la chica se subió de forma voluntaria al vehículo en el que circulaban y fue a desayunar con ellos a un establecimiento donde se comportaron todos de forma "amigable y divertida".

En el auto, la juez resalta que la chica no identificó a ninguno de los acusados en la rueda de reconocimiento y que se limitó a aportar detalles físicos sobre alguno de ellos como la figura de un tatuaje. Según la víctima, a la salida de una discoteca, apareció un coche con cinco ocupantes, dos de las cuales "violentamente la cogieron y la introdujeron dentro del maletero" y la trasladaron a un descampado, donde la forzaron a mantener relaciones sexuales.

Tras producirse la agresión, los presuntos agresores "la dejaron abandonada" en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles de la localidad, donde pidió ayuda a una persona que se encontraba en las inmediaciones que, en calidad de testigo, declaró que la joven se mostraba "asustada, desorientada y avergonzada". Los acusados declararon ante el juzgado de instrucción de Sant Boi estando la causa bajo secreto de sumario y, por lo tanto, sin conocer datos sobre la investigación.

La juez ha determinado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que son libertad provisional, retirada de pasaporte, comparecencias periódicas para cinco de los investigados, orden de alejamiento de la víctima y prohibición de comunicación con ella por cualquier medio, así como el depósito de los terminales telefónicos para comprobar si existieran elementos de valor para la investigación.