En su sentencia, que no
es firme, la Sección 21 de la Audiencia de Madrid ordena pagar más de 2
millones de indemnizaciones a un total de 39 afectados, que incluyen tanto a
familiares de trabajadores de Uralita que inhalaron el amianto cuando lavaban
la ropa que éstos traían a casa como a vecinos que no tuvieron relación laboral
alguna con la fábrica.
La Audiencia corrige una
sentencia anterior de un juzgado de primera instancia de Madrid, que fijaba
indemnizaciones solo para los familiares de empleados de Uralita, y establece,
por primera vez, que los vecinos que estuvieron expuestos al amianto de la
fábrica que Uralita tenía en Cerdanyola del Vallès también deben ser
indemnizados como víctimas ambientales de la empresa.
La demanda fue
presentada por afectados o herederos de vecinos de la zona que sufrieron
mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales debido
a la exposición al amianto.
En su sentencia, el
tribunal reconoce que un informe de 1977 ya hizo constar que en las calles de
Ripollet se encontraban "fibras y residuos de cemento y amianto"
debido a que el polvo del proceso de molido de la fábrica se evacuaba al
exterior, "sin filtros ni dispositivos de retención y recogida".
Otros dos informes de
los Ayuntamientos de Cerdanyola y Ripollet, según la sentencia, apuntaron
también a la existencia de "residuos de fibrocemento enterrados o
esparcidos en la zona". El tribunal concluye que Uralita, pese a conocer
el peligro que conllevaba, "no actuó con la diligencia exigible al emitir
sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación
industrial", con lo que, en opinión de la sala, incurrió en
"responsabilidad civil de carácter extracontractual".
Según recuerda el
tribunal en su sentencia, "se ha estudiado científicamente que la mayor
exposición a la inhalación de fibras de amianto en las localidades de
Cerdanyola del Vallès y Ripollet ha provocado en dichas poblaciones una mayor
incidencia" de las enfermedades relacionadas con esa sustancia.
La Audiencia recuerda
que al menos a partir de 1940 los legisladores empezaron a ser conscientes de
la "peligrosidad del amianto y el asbesto", por lo que en 1947 la
asbestosis pasó a ser considerada como enfermedad profesional.
La sentencia obliga a
pagar indemnizaciones a los enfermos o a sus herederos, por los daños
provocados por la fábrica de Cerdanyola, el mayor centro productivo que tenía
Uralita en España y que estuvo en funcionamiento entre los años 1907 y 1997.
En 2010, un juzgado de
Madrid ya condenó a Uralita a indemnizar con 3,9 millones a medio centenar de
vecinos de Cerdanyola y Ripollet por los daños en su salud derivados de la
exposición al polvo de amianto generado por la fábrica, pero la Audiencia
revocó posteriormente la sentencia al considerar prescrita la causa.