Antoni estuvo en la cárcel con sólo 17 años. Su delito fue ser homosexual durante el franquismo. "Vinieron a las seis de la mañana, me recogieron, me llevaron a la jefatura provincial de Valencia y pasé por tres prisiones", relata.
Fue indemnizado en 2009 con 4.000 euros. Él fue el primero, pero no el único. Según el Gobierno, han sido indemnizados 116 homosexuales de los más de 5.000 que se calcula que fueron represaliados. Con unas cuantías que van desde los 4.000 euros por pasar entre uno y seis meses en la cárcel, a los 12.000 para los que estuvieron más de tres años en prisión.
He sufrido una serie de discriminación de no poder desarrollarme como persona ni laboralmente tan siquiera. No han compensado 4.000 euros por toda una vida destrozada", afirma Antoni. No obstante, calculan que quedan más de tres millones de euros por repartir. Por eso, piden una pensión que ampare a todos los homosexuales represaliados.
"No han podido cotizar ni trabajar, con lo cual tienen pensiones no contributivas que no les da para vivir. No conozco otra manera que indemnizar económicamente a las personas por todo el sufrimiento, discriminación e imposibilidad que les creó el Estado", considera Antoni. También, que sus nombres desaparezcan de los archivos policiales y que se haga por fin justicia.