Según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el último caso registrado corresponde al de una mujer en Rubí, Barcelona, asesinada por su expareja. La víctima no tenía hijos menores de edad. Además, el Ejecutivo mantiene otros tres casos en investigación.
Un 68,3% de víctimas eran de nacionalidad española y casi el 60% tenían entre 31 y 60 años. En total, 19 menores han quedado huérfanos. Sólo en ocho de los casos mortales había denuncia previa contra el agresor, presentada por la propia víctima en siete ocasiones y por un tercero en una de ellas.
Dos de las fallecidas decidieron desistir del procedimiento y únicamente cuatro de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando se produjo el crimen. En el 63% de los casos el agresor era la pareja de la víctima y convivía con ella. Respecto al perfil de los agresores, el 70% son españoles y nueve de ellos se quitaron la vida tras cometer el crimen.
Por regiones, la Comunidad de Madrid ha registrado ocho víctimas mortales este año, Cataluña y Andalucía, han padecido seis casos cada una, en Castilla-La Mancha, cinco, Comunidad Valenciana, cuatro, Canarias y Murcia, 3 cada una, País Vasco y Extremadura, dos víctimas y Galicia y Navarra, una cada una.
Por otro lado, el año 2017 se ha convertido en el ejercicio con más menores asesinados por violencia de género ejercida contra sus madres en España desde que existe un registro, según los datos provisionales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En lo que va de año, han perdido la vida un total de siete menores. Desde que en 2013 se considera a estos menores víctimas de violencia de género, 22 han muerto a manos de las parejas o ex parejas. La última actualización corresponde al bebé asesinado junto a su madre en Barcelona. Todas las víctimas menos una eran de nacionalidad española y, de ellas, un 43% tenía menos de 3 años.
En la mayoría de los casos, el agresor convivía con la víctima y en seis de los casos las víctimas eran los hijos de éstas. Sólo una de las madres había presentado denuncia y, aunque solicitó medidas de protección, no estaban en vigor en el momento del crimen.