Varios centenares de personas se han concentrado en Maracena, en Granada, en apoyo a su vecina Juana Rivas, la mujer que incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre, en una concentración en la que su asesora, Francisca Granados, ha confiado en que vuelva a casa con los menores.
Granados ha argumentado su "esperanza" en el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada no haya emitido ningún otro pronunciamiento desde que Juana no compareciera al punto de encuentro familiar donde debía entregar a sus hijos al padre, residente en Italia y condenado en 2009 por lesiones contra ella y al que la mujer volvió a denunciar por maltrato hace un año, denuncia aún pendiente de tramitar por la justicia italiana.
La representación legal de Juana ya ha presentado ante la titular de ese juzgado la petición de que la sentencia en primera instancia que la condenó a entregar a sus hijos no sea ejecutada.
Granados ha resaltado también la movilización social surgida en torno a este caso y la importancia que, a su juicio, tiene el hecho de que la Junta de Andalucía haya ofrecido a Juana personarse en la causa, lo que ha considerado un "hito histórico".
Ha anunciado, además, la apertura de una cuenta bancaria solidaria porque el proceso "va a ser largo" y Juana necesitará ayuda económica para sufragar la tramitación judicial. Encabezados por el alcalde de Maracena, Noel López (PSOE), la concentración ha estado presidida por una pancarta de la plataforma contra la violencia de género que rezaba: "Que la pasividad no nos haga cómplices".
Los concentrados portaban pancartas y coreaban lemas como "Juana está en mi casa" o "No estamos locas ni manipuladas". Granados se ha dirigido a los concentrados para señalar que "frente a los que dicen que la ciudadanía pretende suplantar a los jueces, la ciudadanía tiene todo el derecho democrático a expresar su opinión".
Juana -ha incidido Granados- no está de momento "perseguida ni buscada por nadie, simplemente ha dejado de comparecer" en el punto donde debía personarse para entregar a sus hijos, de 3 y 11 años, al padre, cuyo abogado no descartó la interposición de una denuncia contra la madre por secuestro, si bien se ha referido a la posibilidad de optar por una tercera vía que no sea ni civil ni penal.