El director de la organización, Esteban Beltrán, ha lamentado que España sólo cobijara hasta enero pasado a un 6% de los 18.000 prometidos y mantuviera las expulsiones ilegales, 60 en un solo día de septiembre. Disminuyeron las llegadas irregulares por Ceuta y Melilla, pero aumentaron las entradas regulares; sin embargo, el sistema de recepción fue "inadecuado", ofreciendo escasas plazas en los centros de acogida y poca asistencia a los alojados fuera de ellos.
Seguía sin implementarse la Ley de Asilo, lo cual "condena a la indigencia" a los demandantes -12.525 entre enero y octubre, frente a los 4.513 que lo hicieron en 2013- y hace que la atención que reciben no sea igual en todo el territorio.
Especialmente en las ciudades autónomas, donde, "si no eres sirio, es imposible solicitarlo", ha destacado Beltrán, quien ha criticado el "limbo" y discriminación de los inmigrantes que entran por ellas.
A lo largo del año se sucedieron ejemplos de cómo la "ambigüedad" de la definición del delito de enaltecimiento del terrorismo y la Ley de Seguridad Ciudadana limitaron "desproporcionadamente" las libertades de expresión, de información y de reunión.
Como muestra, los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García o las 25 condenas de la Audiencia Nacional contra 28 personas, la mayoría detenidos de la Operación Araña, como César Strawberry, condenado recientemente por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por sus mensajes de burla a las víctimas en Twitter.
Amnistía reprocha al Ministerio del Interior que instara al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por asegurar en una mesa redonda que en España "la tortura se ha producido de manera clara". Sobre ello, la organización alerta de nuevos casos que no fueron investigados con "eficacia y exhaustividad", como el de Juan Antonio Martínez, que murió por las lesiones recibidas mientras era inmovilizado por la Policía.