El Gobierno y el Tribunal Constitucional están preparados para actuar ante los pasos que se den en Cataluña con el objetivo de convocar el referéndum soberanista del 1 de octubre. Los miembros del Gobierno están avisados de la posibilidad de que mismo sean convocados a un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o el Govern de la Generalitat.
De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional estarán reunidos en un pleno ordinario cuyo orden del día no lleva asuntos relevantes relacionados con Cataluña, pero son conscientes de que el guión previsto se puede ver alterado en cualquier momento.
El Gobierno no tendría que presentar un nuevo recurso, sino simplemente ampliar uno de los incidentes de ejecución de sentencia que ya ha presentado ante el Constitucional. El Tribunal Constitucional suspenderá cautelarmente de inmediato la Ley del Referéndum y lo hará con efectos de la fecha de presentación del recurso, como ocurre con cualquier impugnación del Ejecutivo central sobre una norma autonómica en la que se invoque el artículo 161.2 de la Constitución, que regula esa suspensión.
Está por ver si el Gobierno pide al TC alguna medida extraordinaria contra los firmantes de la ley para asegurar el cumplimiento de su resolución, entre ellas la sanción económica o, incluso, la suspensión en sus funciones. En principio, los magistrados del Constitucional se inclinan más por mantener la línea seguida hasta ahora, es la suspensión y el apercibimiento, dejando en manos de la Fiscalía el ejercicio de posibles acciones penales.