En solo unas horas, Cataluña ya no podrá hacer uso de los 5.000 millones que tendría de financiacion hasta fin de año. Tampoco podrá hacer ni un solo pago nuevo que no esté comprometido. "Se pagará únicamente si se certifica que esos gastos no tienen nada que ver con el referéndum", ha señalado Luis de Guindos, ministro de Economía.
Sin embargo, el Tribunal Supremo acaba de admitir el recurso del Govern y, según Oriol Junqueras, esto paralizaría la intervención; algo que ha sido desmentido por el propio tribunal. "Hoy el Supremo ha admitido a trámite nuestro recurso, que tiene efectos suspensivos", ha especificado el vicepresidente de la Generalitat.
De esta forma, el Gobierno pagará directamente la Educación, la sanidad, los servicios sociales y las nóminas de unos 200.000 funcionarios y empleados públicos catalanes. Que se haga el pago de las nóminas correctamente dependerá de que fluya la información entre la Generalitat y el ejecutivo.
Por el momento, lo que fluye entre las dos administraciones es tensión, acrecentada por el rifirrafe que han mantenido Junqueras y Dolors Montserrat cuando la titular de Sanidad atendía a una entrevista en Catalunya Ràdio. El control se extiende a los pagos con tarjeta de crédito de la Generalitat.
Los bancos deberán informar de cada movimiento. El Gobierno confía absolutamente en su colaboración. "Es inimaginable pensar que una empresa de estas características va a tener alguna duda de en qué lado hay que situarse en caso de un conflicto", ha apuntado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Si no cumplen, según la orden de Hacienda las consecuencias podrán ser penales.