Presunta prevaricación y tráfico de influencias, el 27 de noviembre, la alcaldesa de Alicante tendrá que volver ante el juez, ahora por el caso Rabasa.

El empresario immobiliario Enrique Ortiz vuelve a ser pieza clave en la nueva trama. Y es que el centro de la causa son unos terrenos suyos en los que se pretendían construir 13.000 viviendas y un Ikea, pendientes del visto bueno municipal.

Su jefe de filas valenciano no le va a pedir su acta municipal. Eso sí, mantiene sus reglas para el año que viene. Castedo, de momento no se mueve.