ETA en el año 2017 ya es una organización terrorista desarmada pero con un proceso que plantea dudas. Tras el comunicado, con el que la banda asegura que ya no cuenta con arsenal, ahora debe decidir cómo caminar hacia su disolución: "Tiene dos modalidades, una disolución paulatina, que dentro de dos años ya haya desaparecido, y otra modalidad sería reconocer públicamente la disolución" explica Luis R. Aizpeolea, periodista de El País.

La disolución total es lo que piden a ETA todos los partidos: "La inmensa mayoría de los españoles deseamos su disolución como organización terrorista" ha asegurado Rajoy. 26 asociaciones de víctimas exigen a ETA su final sin concesiones, una sola voz para exigir que cumplan con la justicia sin ninguna amnistía: "Cuando yo hablo con juristas me dicen que es imposible. En todo caso yo no veo que dentro de 10 años haya presos de ETA en la cárcel" asegura Javier Elzo, catedrático de Sociología.

La desaparición de la banda puede ser antesala de cambios en la política penitenciaria, como por ejemplo la posibilidad de acercamiento de presos al País Vasco aunque, según los analistas, cualquier cambio no sería ni a corto plazo, ni como contrapartida por el desarme: "Si se acogen a la reinserción social es posible que se les alivien las penas pero tiene que haber un reconocimiento autocrítico para que se den esos pasos" defiende Aizpeolea.

Con el final de la banda algunos podrían intentar entrar en política y seguir los pasos, por ejemplo, del por ahora inhabilitado Arnaldo Otegi, algo que despierta recelo entre las víctimas: "El problema fundamental está en saber si va a estar todo el resto de su vida inhabilitado para actuar en la vida pública" se pregunta Javier Elzo. A día de hoy, tres cuartas partes de los etarras han cumplido ya sus condenas.