El presidente del Gobierno ha asegurado más de una vez que "el referéndum no se va a celebrar", y siempre lo hace de manera contundente, llegando a tacharlo de "estafa a la democracia".
A cada paso hacia el independentismo hay otro hacia la unidad de España para acabar con cada uno de los ingredientes del referéndum.
Uno de los ingredientes son las urnas y las papeletas. Se han hecho registros para evitar imprimir las papeletas e, incluso, hay una investigación abierta para buscar las urnas.
La Generalitat pretende colocarlas en espacios públicos, pero el Gobierno contraataca asegurando que les cortarán la luz en los centros de votación. Además, a los más de 700 alcaldes a favor de votar ya les ha citado a declarar y quienes se nieguen, podrán ser detenidos.
El Gobierno ha advertido a los ciudadanos de que si son convocados a las mesas como presidentes o vocales, no vayan. Por ello, la Fiscalía haya presentado una nueva querella contra el órgano que vela por el funcionamiento de la consulta: la sindicatura electoral. Y otra, contra la Asociación de Municipios Independentistas.
Serán los Mossos los que, según órdenes de la Fiscalía, tendrán que poner los medios para bloquear el referéndum.
Y para frenar su publicidad, se ha paralizado la página web y el spot del referéndum. Además, los funcionarios de Correos han sido advertidos para evitar cualquier envío relacionado con la consulta.
Y ante la negativa de Oriol Junqueras de informar a Hacienda de los gastos del Govern, el Gobierno asumirá el pago a proveedores de la Generalitat y las nóminas de los funcionarios. Todo, para obstaculizar las posibles vías de financiación.
El Gobierno intenta que no se ponga en la mesa este menú aferrándose a la Constitución.