El artículo 155 de la Constitución permitiría al Gobierno central, en protección del orden constitucional, ejercer en lugar de un ejecutivo autonómico determinadas competencias, las que considere necesarias para defender el interés general y que se cumpla la ley, aunque siempre con autorización del Senado.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado el envío de un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare sí ha declarado la independencia de Cataluña, y ha recordado que este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del citado artículo.
¿Qué efectos tendría en Cataluña?
El 155 no prevé la suspensión directa de la autonomía, sino que abre un amplio campo de posibles medidas, como puede ser, por ejemplo, la sustitución del propio Puigdemont al frente del ejecutivo catalán, así como la asunción de las competencias en materia de orden público, por citar otra posible, según han explicado varios juristas.
La aplicación de este precepto constitucional podría llegar incluso, según algunas fuentes, a la pérdida de la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para Puigdemont, circunstancia que, a su vez, podría facilitar la acción penal contra él desde la Audiencia Nacional o incluso el Supremo.
¿Qué dice el artículo y cuándo se puede aplicar?
1. "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".
¿Cuánto tardaría en ponerse en marcha?
Aunque en la Constitución no se marca un plazo concreto para aplicarlo, sí se fija el envío de un requerimiento al presidente de la comunidad como primer paso para activarlo.
Si Puigdemont no contestara a ese requerimiento, el Gobierno podría llevar las medidas que quiera imponer para ser aprobadas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. La aprobación de esas medidas podría ser exprés, pudiéndose poner en marcha en un plazo de tres días.
¿Se ha aplicado anteriormente en España?
No, ningún Gobierno español ha aplicado este artículo antes. Esto significa que sus consecuencias son desconocidas y "se pueden prever hasta cierto límite", según señala a Europa Press el diputado de UPyD en el Congreso Rafael Calduch, quien no obstante se ha mostrado convencido de que su aplicación "no provocaría reacciones peores que las que se pretendía evitar".
¿En qué se inspira?
Este artículo de la Constitución Española está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, lo que quiere decir que en el país germano también se estipula esta clase de medidas en el caso de que una región no cumpla con sus obligaciones.
Otros países, por el contrario, contemplan para estos casos la suspensión o disolución de los órganos de gobierno de la región que incumpla sus deberes. Así ocurre en Argentina, Italia y Austria, por ejemplo.