El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende el derecho a la libertad de información, pero el abogado de Toni Comín se apoya en el derecho a la intimidad. "Hay personas que se han entrometido en la conversación de otros utilizando un teleobjetivo", denunció el letrado Gonzalo Boye en ARV.
Con estas discrepancias se abre un debate al que los juristas aportan varias claves. La primera, que la grabación de los mensajes que se realizó en una sala de prensa abierta al público y a la que se convocó a todos los medios de comunicación. "La grabación se realizó en un acto público", destaca Lorenzo Cotino, catedrático experto en Derecho a la Información.
La segunda clave tiene que ver con la propia actitud de Toni Comín, que consultó esos mensajes a la vista de todo el mundo. "Nadie puede ser protegido contra su propia estupidez. Uno no puede alegar su derecho a la intimidad cuando no ha desarrollado las conductas necesarias para que la conversación sea reservada", apunta Manuel Martínez Sospedra, catedrático de Derecho Constitucional en el CEU Cardenal Herrera.
La tercera y última clave tiene que ver con el contenido. "Si el mensaje tuviera que ver con su ámbito privado no hubiera estado justificado", apunta Cotino. En este caso, la mayoría de juristas coincide: los mensajes de Puigdemont tienen un evidente interés público en la situación política actual.