El Consistorio censura la opacidad de estos centros, que definen como "espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular" y creen desproporcionada y "discriminatoria" la privación de libertad "por el simple hecho de cruzar una frontera".
Para evitar el internamiento, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al Detenido y su Familia (Sajiad) buscará "personalizar" los derechos humanos informando a los juzgados de instrucción sobre el entorno, las circunstancias y el arraigo de los inmigrantes detenidos.
Además, en el caso de que no exista tal arraigo, el Consistorio dará recursos habitacionales para que las personas puedan permanecer fuera del CIE mientras se resuelve su expulsión. El Consistorio pretende establecer "herramientas prácticas" dentro de sus competencias para evitar el ingreso, para que sufran "lo menos posible" cuando estén internados -ofrecen Sámur y servicios psicológicos- y para que salgan con herramientas para reincorporarse a sus vidas.
Durante la presentación del informe, del que se dará traslado al Pleno, Manuela Carmena ha puesto el acento en que los CIE están cuestionados por incumplir los derechos humanos y ha pedido el fin del sufrimiento "absurdo" y "burocrático".