Ignacio González, junto a la cúpula del Canal Isabel II, son espiados durante un polémico viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008. La épica batalla que allí protagonizó Blas de Lezo en 1741 da nombre a la operación.
En ella, la que es clave la ruinosa compra de la sociedad brasileña Emissão. El Canal la adquirió en noviembre de 2013 por más de 20 millones de euros y menos de un mes después su valor se redujo a la mitad.
Al año, cuando la empresa pública la incorporó a sus cuentas, estaba valorada en sólo cinco millones de euros. Para los investigadores resulta igual de sospechoso el proceso de compra. El Canal de Isabel II recurrió a su filial en Colombia, Inassa. A través de una sociedad instrumental uruguaya se hizo con la brasileña.
Un viaje que supuso a las arcas públicas un quebranto de hasta 36 millones de euros. En Al Rojo Vivo, Pedro Arrojo, diputado de Podemos y experto en la gestión del agua, ha explicado que "hay casos en los que en poco tiempo el coste de agua se multiplica, a veces, el doble en procesos de privatización".
Los investigadores quieren saber si, por el camino, se desvió dinero a algunos de los involucrados en la operación, entre ellos Ignacio González. Unas pesquisas que comenzó la Fiscalía en 2015 y que transformaron en una querella en la Audiencia Nacional al año siguiente.
Por esas fechas, Cifuentes, que declara como testigo, aportó documentación. Ante los medios, ha dicho que van a colaborar con la Justicia. Una colaboración que comenzó tras la aparición en los Papeles de Panamá de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la filial colombiana, cesado tras destaparse su relación con paraísos fiscales y también detenido en la Operación Lezo.