Los diputados de Junts
pel Sí (JxSí) y la CUP, incluido el presidente catalán, Carles Puigdemont, han
firmado en el auditorio del Parlament un documento que proclama la "la
república catalana, como Estado independiente", y pide su reconocimiento
internacional.
En la declaración de
cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será
registrada en el Parlament, desaparece cualquier mención a "suspender los
efectos" de la declaración de independencia, como había planteado Puigdemont
anteriormente en la Cámara.
Según las fuentes
consultadas, en un borrador de la declaración sí figuraba la mención a
"suspender los efectos", pero la CUP se ha negado a firmar el
documento si no se retiraba esta alusión. "Cataluña restaura hoy su plena
soberanía, perdida y largamente anhelada", añade la declaración.
El texto va más allá del
discurso de Puigdemont en el Parlament y se ha firmado ante la amenaza de
fractura interna en las filas independentistas. En su comparecencia ante el
pleno, Puigdemont ha afirmado que asume el "mandato del pueblo" para
que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de
república", pero ha propuesto "suspender los efectos de la
declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
La declaración de Puigdemont
ha motivado los recelos de la CUP y también de ERC y Demòcrates, socios del
PDeCAT en JxSí, porque a su juicio no representa una auténtica declaración de
independencia, por lo que estos partidos han promovido un documento por escrito
para dejar constancia de que la jornada del 1-O debe comportar la proclamación
de la independencia.
La declaración firmada
posteriormente apela a los Estados y organizaciones internacionales a
"reconocer la república catalana como Estado independiente y
soberano" e insta al Govern a "adoptar las medidas necesarias para
hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de
las previsiones de la ley de transitoriedad jurídica".
Los firmantes plantean
la "entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica", que
establece un marco legal catalán desligado del español, y declaran el inicio de
un "proceso constituyente" del nuevo Estado. "Afirmamos la
voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes
previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las
dos partes", señala el documento, que recalca que las negociaciones deben
ser "en pie de igualdad".
También instan a la
comunidad internacional y a la Unión Europea a "intervenir para detener la
violación de derechos civiles y políticos en curso y a hacer el seguimiento del
proceso negociador con el Estado español".
La declaración subraya
la "voluntad inequívoca" de que Cataluña se integre "tan
rápidamente como sea posible en la comunidad internacional" y señala el
compromiso de "respetar las obligaciones internacionales que se aplican
actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados" de
los que forma parte España.
