El magistrado del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con la deriva soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado desde Alemania por el delito de malversación de fondos públicos, como ha acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y denuncia "falta de compromiso" de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.
Así lo acuerda el juez instructor en un auto en el que también retira la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, como son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
Además, la Fiscalía del Supremo se ha opuesto a la puesta en libertad de los presos preventivos del 'procés' en un escrito en el que critica la "indebida intromisión" de la Audiencia de Scleswig-Holstein en la jurisdicción de los tribunales españoles.
El Ministerio Público responde así a los escritos presentados por el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Todos ellos pidieron su puesta en libertad provisional en función del "nuevo contexto social y político" y de, según el Supremo, la "supuesta bondad" de sus perspectivas jurídico-penales tras la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein.
Pero el Ministerio Público responde que se trata de factores ajenos al argumentario jurídico y que las circunstancias que llevaron a la adopción de la medida de prisión "no han variado en absoluto y se mantienen plenamente vigentes".