Así consta en el informe
que han entregado los investigadores en la Audiencia Nacional. En este
documento incluyen una grabación realizada el día 27 de septiembre a las 16:11
horas de una conversación entre Francesc Sutrias, director del Patrimonio -cargo
dependiente de la estructura política del departamento de la vicepresidencia de
Economía y Hacienda-, y el que fuera consejero de Cultura, a propuesta de ERC,
en el Gobierno de José Montilla, Joan Manuel Tresserras Gaju.
Este último también fue
consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y presidente de la
Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña entre 2005 y 2006. Durante la
conversación hablan de cómo se va a interpretar la jornada de votación del 1 de
octubre y de la estrategia que tienen que seguir en la presentación de
resultados.
En este contexto, Joan
Manuel Tresserras le dice que "no se puede hacer un discurso triunfalista
que no tenga suficiente justificación" y que "tienen que aparecer
delante del mundo diciendo que son gente seria: queríamos hacer esto y no nos
han dejado y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer".
Tresserras prosigue con
su planteamiento y afirma que "si se puede decir que han participado 3
millones de personas sería imparable". Pero precisa que "si van 2
millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido 3 pero lo han
impedido, nos han boicoteado.
El exconsejero de
Cultura insiste en que tras la votación del 1 de octubre se tienen que decir
"cosas de este tipo". "El domingo por la noche se tiene que
afinar bastante", remata. La Generalitat anunció tras el referéndum ilegal
que habían votado 2.286.217 personas (el 43,03 por ciento del censo), pero
alegaron que no se habían podido abrir 400 escuelas, con un censo de 770.000
personas. La suma de ambas cifras supera ligeramente los 3 millones.
Acto seguido, Fracesc
Sutrias -que depende de Josep María Jove, el secretario de la vicepresidencia
que tenía en su casa la hoja de ruta para lograr la independencia- le dice a su
interlocutor que "convocar elecciones sería un error" y Joan Manel le
responde que "de entrada sí, pero a la larga se tendrán que convocar".
Pero en opinión de
Sutrias, "se abriría otro frente de desestabilización interna que
solamente favorecería al Estado". Cree que si se presentan a esas
elecciones con un "programa determinado", el Gobierno "es
capaz" de aplicar el 155 de una manera abierta y "suspender las
elecciones". Por eso dice que él "mantendría la estabilidad del
Gobierno hasta tener claro qué hacer", porque no cree que el día 2, pase
lo que pase, "apliquen el 155 contra la Generalitat". Sutrias
concluye esa conversación diciendo que si el referéndum tiene una
"magnitud mínima habrán perdido evidentemente".
El propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, puso ayer el acento en el hecho de que la Generalitat
tenía "escritos los resultados de antemano", durante su intervención
en el Parlamento para explicar las medidas que va a adoptar a raíz de la declaración
que realizó ayer Carles Puigdemont, en la que afirmaba que asumía el mandato
del pueblo de declarar la independencia de Cataluña pero que lo dejaba en
suspenso para dialogar.
De hecho, la Guardia
Civil está convencida de que la Generalitat no dispuso de ningún medio para
llevar a cabo el recuento y la verificación que pudiera legitimar los
resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre después de la "actividad
frenética" que los agentes de la Benemérita desplegaron durante 48 horas,
desde el sábado al domingo.
"No ha existido
ningún tipo de recuento ni de verificación que legitime los resultados del mal
llamado referéndum", explicaron el pasado lunes fuentes
conocedoras del dispositivo policial. Una explicación que realizaron a raíz de
que el Gobierno catalán remitiera, el viernes de la semana pasada, a los medios
de comunicación, el archivo PDF con el recuento definitivo del referéndum. En
paralelo enviaron ese mismo documento al Parlamento regional, al objeto de que
esta Cámara convocara el pleno donde el martes Puigdemont asumió el resultado
del 1-O a favor de la independencia, aunque dejando en suspensión sus efectos.
Los expertos
informáticos de la Guardia Civil llaman la atención sobre el hecho de que desde
el 1-O nadie ajeno a la Generalitat haya podido consultar los datos oficiales.
Recuerdan, además, que "consiguieron monitorizar e inhabilitar todos los
planes de la Generalitat" en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los agentes
neutralizaron la que iba a ser la sala de recuentos del 1-O en el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) y el Centro de
Seguridad de la Información de la Generalitat de Cataluña (CESICAT) el sábado
30 de septiembre, apenas 24 horas antes de que se abrieran los colegios desafiando
las órdenes judiciales.
La prioridad de los
agentes de la Unidad Tecnológica fue bloquear 29 aplicaciones y bases de datos
diferentes gestionadas desde el CTTI que "pudieran ser susceptibles de
utilizarse en un proceso electoral como el que nos ocupa", según explicó
en un auto la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Mercedes Armas.
Este martes, el ministro
del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reprochado en la sesión de control al
Gobierno en el Congreso que la Generalitat de Cataluña utilice el
"referéndum paripé" del 1 de octubre como "pretexto" para
considerar que existe un mandato popular que respalda la independencia.
"No ha habido
referéndum ni por el sujeto, ni por la forma ni por su objeto; no lo hubo en su
desarrollo, escrutinio y control", ha defendido. Zoido ha recordado la
resolución en este sentido de la Junta Electoral Central. "No ha habido
referéndum, ha sido un paripé y lo están utilizando como excusa y pretexto",
ha sostenido. "Carece de todo valor", ha subrayado.