La Mesa del Congreso ha asumido el veto y la iniciativa de equiparar permisos de maternidad y paternidad ha sido bloqueada. Con este escrito, y la retirada del bloqueo a la prohibición del 'fracking', ya son 29 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva bloqueadas esta legislatura acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.

La iniciativa paralizada busca el mismo objetivo que la que el Ejecutivo ya vetó a Unidos Podemos el pasado mes de marzo, la ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, con las que actualmente cuenta la madre, en casos de nacimiento, adopción o acogimiento. Además, propone hacerlos intransferibles y que estén pagados al 100 por cien por el Estado.

El Gobierno recuerda que "una ampliación de los períodos de suspensión de la relación laboral o de los permisos" previstos en el Estatuto de los Trabajadores "determinaría el correlativo incremento del tiempo de abono de las prestaciones económicas", lo que a su vez "tendría un importante impacto económico en el presupuesto de la Seguridad Social".

A su juicio, ese incremento del gasto "haría inviable en estos momentos la adopción de una medida como la que se pretende, a no ser que se consideren otras posibilidades de financiación de este importante aumento del gasto para el Sistema de la Seguridad Social".

Según detalla, la reforma que el Gobierno pactó con Ciudadanos y que desde el 1 de enero de este año ha ampliado los permisos de paternidad a las cuatro semanas ininterrumpidas supone un coste medio de 500 millones de euros por cada año, mientras que aplicar la ley de Unidos Podemos elevaría el coste en otros 560,59 millones el primer año, otros 879,04 millones en 2018, y así sucesivamente hasta sumar un sobrecoste, de 2.029,78 millones de euros en 2022.