Rull y Romeva, según fuentes presentes en la declaración, han actuado en esta ocasión del mismo modo que hicieron el exvicepresidente Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y quien fue líder de la ANC Jordi Sànchez, quienes frente a declaraciones anteriores de sometimiento a la legalidad optaron por reprochar ante el instructor la ausencia de separación de poderes en España.

Por su parte, el juez Llarena les ha respondido al finalizar su intervención que no hay "nada escrito" en este procedimiento y que de hecho, y pese a que muchas informaciones periodísticas anunciaban lo contrario, algunos de los investigados desde el principio no han sido procesados y de los que sí lo han hecho, una parte no lo han sido por rebelión, sino por otros delitos.

Además, y según otras fuentes presentes en la diligencia, tanto Forn como Rull han aludido a las afirmaciones del ministro Montoro diciendo que no se ha gastado dinero público es un "argumento de autoridad" que van a utilizar porque él sabrá lo que se ha gastado porque tiene "exclusivo control". Han recordado que se trata de lo mismo que en su día dijo ya en el Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Josep Rull ha sido el más duro en su intervención ante el magistrado al manifestar que tiene el convencimiento de que el juicio será "un mero trámite". Ha dicho también que ninguno de ellos sería juzgado en este procedimiento si el independentismo no hubiera ganado las elecciones en Catalunya.

"Vemos el rayo en las tinieblas en algunos países del norte de Europa dónde existe una clase de justicia mejor que está", ha manifestado Rull citando a Salvador Espriu ante el juez, que lo acusa de participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista y apunta que, tras el referéndum ilegal, impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós (Girona). Para Rull, la justicia española actúa movida por presiones políticas.

Como ejemplo se ha referido a los "oráculos" del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quienes, al igual que el ministro de Justicia Rafaél Catalá, han ido vaticinando lo que iba a ocurrir con los procesamientos, las fechas de las decisiones del instructor e incluso han adelantado términos de la sentencia, que a su juicio "ya está escrita".

Ante estas afirmaciones, el instructor Llarena ha señalado que "tomará nota", según fuentes presentes en la diligencia. En otro momento de su declaración el exconseller, según las mismas fuentes, ha mirado directamente a la cara al juez Llarena para acusarlo de seguir la hoja de ruta del ministro Catalá y ha dicho que él va a seguir siendo independentista, por sus hijos, para que no vivan en un país en el que vas a la cárcel por tus ideas.

Sobre el documento 'Enfocats', aprehendido en el domicilio de Josep Maria Jové, clave en la instrucción de la causa, ha dicho que era un mero programa electoral, y se ha quejado de que se le procese por asistir a reuniones independentistas sin concretar cuáles fueron y por haber impedido el atraque del ferry cuando dice que el barco no pidió atracar en forma ni reunía las condiciones para hacerlo.

Sobre este asunto, ha indicado también que el popular barco pintado con el dibujo animado de Piolín no dio información de lo que iba a hacer y que incluso la propia Capitanía Marítima de la Administración del Estado le impidió fondear fuera del puerto, por lo que tuvo que irse a Barcelona.