El Gobierno confía en que, si los independentistas logran ponerse de acuerdo para elegir al presidente de la Generalitat, éste, más allá de sus discursos, demuestre con hechos que acata la legalidad, pero, si no es así, garantiza que "no le temblará el pulso" para volver a restituirla.
Tras las elecciones del 21D en Cataluña, las formaciones independentistas tienen la mayoría suficiente para que uno de sus representantes consiga ser investido presidente. No hpor el momento nombres alternativos sobre la mesa del expresident y cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas.
Su partido está estudiando fórmulas reglamentarias que puedan hacer posible su investidura, aunque no esté presente en el correspondiente debate en el Parlament. Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy aseguran que, permaneciendo en Bruselas, Puigdemont nunca podrá ser investido y se limitan a remitir a la decisión judicial que se adoptará en su caso si el expresident decide regresar a España, es detenido y depende de un juez que pueda acudir o no a una sesión de investidura.
Lo que el Ejecutivo recalca es que tanto Junts per Catalunya como ERC sabían a la hora de hacer sus listas electorales la situación procesal en que se encontraban Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exconsejeros catalanes que permanecen en prisión o fuera de España.
"Ahora deben asumir las consecuencias de sus decisiones", subrayan las fuentes citadas. Por tanto, aún quedan muchas incógnitas por despejar antes de que un candidato logre ser investido en el Parlament.
Si finalmente lo consigue un representante de los partidos independentistas, el Gobierno cree que, más allá de sus declaraciones y discursos, sus hechos se adecuarán a la legalidad, porque ya sabe cuáles son las consecuencias de no hacerlo.
Espera, por tanto, que "la historia no se repita" y, pese a las diferencias, sea posible el "diálogo sincero" en favor del interés general que ofreció Rajoy en su primera valoración pública tras las elecciones catalanas.
Pero si no lo hace y vuelve a saltarse los límites de la Constitución y el Estatut, las fuentes citadas insisten en que al presidente del Gobierno "no le temblará el pulso" para hacer "todo lo necesario" con el fin de garantizar la legalidad.
Ante la posibilidad de que eso suponga recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución, insisten: "Todo lo necesario". No obstante resaltan que se trata de un escenario que no desean y que no esperan que ocurra.