Según el texto del programa marco, "promoveremos la demanda de una reforma legislativa a nivel nacional que defina un límite máximo de habitabilidad por espacio y que faculte a los ayuntamientos de las capacidades de inspección y, en caso de incumplimiento, sanción. Dicha reforma incluirá la potestad de denegación de inscripción en el padrón municipal al objeto de evitar la sobreocupación de las viviendas".