EN CONTRA DEL CRITERIO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

EN CONTRA DEL CRITERIO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

El último de los encarcelados por el caso Lezo podrá salir si paga 100.000 euros de fianza

El último investigado en el caso Lezo que queda en prisión, Edmundo Rodríguez Sobrino, podrá abandonar la cárcel si abona una fianza en metálico de 100.000 euros. El juez del caso considera inexistente el riesgo de fuga y cree que tampoco hay riesgo de destrucción de pruebas. El magistrado también ha tenido en cuenta que el que fue mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal está colaborando con la justicia.

El juez de Lezo, Manuel García Castellón, ha puesto una fianza de 100.000 euros a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, para que pueda salir de la prisión en la que permanece desde el pasado 21 de abril, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional se ha producido a petición de la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviese la prisión incondicional para el investigado, según las citadas fuentes.

El juez le ha impuesto una fianza bastante inferior a la que fijó la semana pasada para el que fue su socio Ignacio González, quien salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores.

Con la salida de González de la cárcel el pasado 8 de noviembre, Rodríguez Sobrino se convirtió en el único de los investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que continúa en prisión incondicional.

Los investigadores le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal.

Rodríguez Sobrino, que también fue consejero de La Razón, supuestamente colaboró en 2013 en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio por 20 millones de dólares y guardó el importe de la compra "por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil", según la investigación.

Pese a esa elevada inversión, el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años descendió a 5 millones de dólares.

El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación.

En dicha comparecencia, el investigado esclareció temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también aspectos sobre su hija, también imputada en la causa.

Los investigadores han determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios".

Esta decisión del juez García Castellón coincide con la de levantar la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad.

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