La empresa pública CIEGSA, dedicada a la construcción de colegios, fue la herramienta con la que los populares generaron un aguacero de millones en mordidas. Según el sumario de Imelsa, todas las adjudicaciones tenían su comisión.
Una vez que la empresa pasaba por caja, los políticos amañaban las adjudicaciones permitiendo presentar ofertas con un descuento que luego compensaban. "Tengo el 16% de baja, espera. Tengo que arreglarte ahí 200 millones de pesetas", se escucha a Máximo Caturla, máximo responsable de la empresa que adjudicaba los colegios, en las grabaciones.
A base de 'modificados' hacían subir el precio final que se pagaba con dinero público, y según cálculos de la consellería de Hacienda, Ciegsa tuvo 1.000 millones de euros en sobrecostes totales.
Los responsables de decidir a qué empresas se adjudicaba la construcción de los colegios eran dos altos cargos popular, según declaró Benavent en su declaración, afirmando que "eran Gerardo Camps y Víctor Campos los que determinaban a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso".
Gerardo Camps es exconseller de Economía y Hacienda, además de diputado nacional, mientras que Víctor Campos era el número dos de Francisco Camps.
Su forma de actuar generó un gigantesco agujero suficiente para construir 200 nuevas escuelas, y dejó a una treintena de colegios valencianos funcionando en barracones que eran provisionales y que se han convertido en permanentes.