El Gobierno y el PP han respondido a las detenciones de Sànchez y Cuixart tirando de argumentario común: todos coinciden en que en España "no hay presos políticos". Aseguran que no están en la cárcel por cómo piensan, sino por cómo actuaron.
"La prisión decretada por la hipotética comisión de un delito", ha señalado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. A este análisis se ha sumado también Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso: "Son decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales".
Por su parte, Pedro Sánchez ha preferido no pronunciarse sobre la medida. "Creemos en la separación de poderes. Creo que las decisiones judiciales, desde el punto de vista político, corresponden al ámbito judicial, y a la política lo que le corresponde es la política", se ha limitado a decir el secretario general del PSOE.
Todo lo contrario que el líder de los socialistas catalanes. "Es una medida muy extrema que, en este caso, no la veo justificada. Desde el máximo respeto que tengo al poder judicial, creo que se trata de una medida desproporcionada", ha criticado Miquel Iceta.
Podemos habla de hechos "gravísimos" y "vergonzosos". "No les han llevado a la cárcel por llevar a cabo ningún acto violento. Les han llevado a la cárcel por organizar una protesta pacífica", ha lamentado Pablo Iglesias, líder de la formación morada.
Aitor Esteban cree que es "coger el rábano por las hojas". En palabras del portavoz del PNV en el Congreso: "Aunque dibujen a la justicia como ciega, muchas veces no lo es". Y añade: no entiende la aplicación en este caso del delito de sedición.